"La Fiscalía Provincial de Alicante pide un año de prisión y diez de inhabilitación para desempeñar un cargo público al actual alcalde de Orxeta (Marina Baixa), Vicente Llinares, del PSPV, por permitir durante años la actividad ilegal de una planta de hormigón de la empresa Hormigones Orxeta, S. L., de la que es socio el concejal del PP de Xàbia, Miguel Savall.
El fiscal Juan Carlos Carranza considera que Llinares ha cometido un delito de prevaricación y, en su escrito de calificación, recuerda que fue el propio munícipe el que en el año 2000 vendió a la mercantil por 60.000 euros un terreno de la partida de Foieta calificado como suelo no urbanizable de especial protección. Luego, según el fiscal, el alcalde permitió que se construyera allí sin licencia la planta de hormigón, que funcionó durante varios años de forma ilegal. Es más, Llinares promovió un expediente para reclasificar el suelo no urbanizable en industrial. La Conselleria de Medio Ambiente rechazó esa recalificación.
La fiscalía también reclama la demolición de la planta de hormigón. Para el socio del concejal de Xàbia en Hormigones Orxeta, Hilario Cañadas, el fiscal pide dos años de cárcel. Plantea además una multa de 18 meses con una cuota diaria de 24 euros que deberá pagar directamente la mercantil. Cañadas fue administrador de la firma cuando se construyó la planta de hormigón ilegal de Orxeta. Sin embargo, en los últimos años ese cargo lo ocupaba Miguel Savall, quien también es gerente de otra empresa de hormigón, Triturca. En la actualidad, Hormigones Orxeta está en liquidación. Sus socios la disolvieron el pasado 16 de marzo."
12/05/2010 - www.diarioinformacion.com
El Tribunal de Cuentas citará al ex alcalde de Calp
El fiscal Juan Carlos Carranza considera que Llinares ha cometido un delito de prevaricación y, en su escrito de calificación, recuerda que fue el propio munícipe el que en el año 2000 vendió a la mercantil por 60.000 euros un terreno de la partida de Foieta calificado como suelo no urbanizable de especial protección. Luego, según el fiscal, el alcalde permitió que se construyera allí sin licencia la planta de hormigón, que funcionó durante varios años de forma ilegal. Es más, Llinares promovió un expediente para reclasificar el suelo no urbanizable en industrial. La Conselleria de Medio Ambiente rechazó esa recalificación.
La fiscalía también reclama la demolición de la planta de hormigón. Para el socio del concejal de Xàbia en Hormigones Orxeta, Hilario Cañadas, el fiscal pide dos años de cárcel. Plantea además una multa de 18 meses con una cuota diaria de 24 euros que deberá pagar directamente la mercantil. Cañadas fue administrador de la firma cuando se construyó la planta de hormigón ilegal de Orxeta. Sin embargo, en los últimos años ese cargo lo ocupaba Miguel Savall, quien también es gerente de otra empresa de hormigón, Triturca. En la actualidad, Hormigones Orxeta está en liquidación. Sus socios la disolvieron el pasado 16 de marzo."
12/05/2010 - www.diarioinformacion.com
El Tribunal de Cuentas citará al ex alcalde de Calp
"El Tribunal de Cuentas no se olvida de las supuestas irregularidades contables cometidas en Calp durante los años de alcalde de Javier Morató, del PP. Los expedientes de sobrecostes, obras sin expediente de contratación y la extraña recalificación de los terrenos de la carpa de ferias (terrenos ocupados ilegalmente por el ayuntamiento) han merecido el interés de este tribunal que tiene abierto un procedimiento que se encuentra en diligencias preliminares y que todo apunta a que acabará en juicio. Este órgano fiscalizador de las cuentas de la administración pública llamará ahora a declarar a Javier Morató, a quien interpelará sobre la recalificación urbanística de los terrenos de la carpa.
En un pleno, el ex alcalde reconoció que en 2005 había pasado ese suelo de rústico a dotacional para multiplicar su valor y persuadir a los propietarios de que lo cedieran al ayuntamiento. Eso no ocurrió, pero el entonces alcalde popular ordenó ocupar el terreno pese a que seguía siendo privado. Por esa ocupación ilegal, un tribunal ha condenado al ayuntamiento a indemnizar con 600.000 euros a los propietarios de la finca.
Además, el Tribunal de Cuentas exigirá ahora una fianza provisional al ayuntamiento por el negligente uso del dinero público en este asunto de la carpa. Si se confirman las irregularidades contables, se le podría exigir a Javier Morató que respondiera patrimonialmente de la fianza. Los expedientes de sobrecostes (figura también el del caso Aguas de Calpe) y otras supuestas irregularidades económicas los envió al Síndic de Comptes el PSPV poco antes de la moción de censura que, presentada por Joaquim Tur, del Bloc, el PP y el PSD, desbancó a Luis Serna."
12/05/2010 - www.diarioinformacion.com
En un pleno, el ex alcalde reconoció que en 2005 había pasado ese suelo de rústico a dotacional para multiplicar su valor y persuadir a los propietarios de que lo cedieran al ayuntamiento. Eso no ocurrió, pero el entonces alcalde popular ordenó ocupar el terreno pese a que seguía siendo privado. Por esa ocupación ilegal, un tribunal ha condenado al ayuntamiento a indemnizar con 600.000 euros a los propietarios de la finca.
Además, el Tribunal de Cuentas exigirá ahora una fianza provisional al ayuntamiento por el negligente uso del dinero público en este asunto de la carpa. Si se confirman las irregularidades contables, se le podría exigir a Javier Morató que respondiera patrimonialmente de la fianza. Los expedientes de sobrecostes (figura también el del caso Aguas de Calpe) y otras supuestas irregularidades económicas los envió al Síndic de Comptes el PSPV poco antes de la moción de censura que, presentada por Joaquim Tur, del Bloc, el PP y el PSD, desbancó a Luis Serna."
12/05/2010 - www.diarioinformacion.com
Mientras está candente la causa reabierta contra Camps por el caso Gürtel, una vez más, y ya no se sabe cuantas, concejales del PP y del PSOE vuelven a salir a la palestra por escándalos relacionados con la corrupción. Da igual que los populares acusen a los "socialistas", y estos a los otros, son el mismo perro con distinto collar, por ello aplican las mismas políticas económicas, gobiernan con la misma ineptitud y se ven envueltos en igual número de casos de corrupción. Desde el PCPV y la JCPV de La Marina queremos denunciar el enriquecimiento de algunos a costa de las arcas públicas y mostrar nuestro más absoluto rechazo a la corrupción política que sufrimos en nuestras comarcas, venga de donde venga.
¡¡¡Basta ya de corrupción en nuestros ayuntamientos,
diputaciones y en la Generalitat Valenciana!!!
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